La crisis institucional en San Antonio Unido suma un nuevo capítulo. Este lunes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) denunció públicamente nuevos incumplimientos por parte de la dirigencia del club, apuntando directamente al presidente del elenco porteño, Guillermo Lee.
A través de sus redes sociales, el organismo sindical expuso que el club no ha cumplido con obligaciones básicas hacia los futbolistas, pese a compromisos previamente asumidos.
“No ha firmado finiquitos, a pesar de manifestarles a los jugadores que sí lo haría, por lo que nuestros asociados no han recibido dinero que les corresponde como tampoco la copia del mismo”, señalaron desde el SIFUP.
El reclamo se produce en un contexto especialmente delicado para San Antonio Unido, que durante la temporada 2025 arrastró serios problemas económicos, situación que derivó en sanciones y finalmente en el descenso desde la Segunda División Profesional.
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Ante este escenario, el sindicato fue enfático en exigir una mayor fiscalización por parte de la ANFP, recordando que el club ya fue castigado previamente por incumplimientos dirigenciales.
“Instamos a la ANFP a aumentar el control sobre este club, que ya fue sancionado y perdió la categoría por incumplimientos dirigenciales”, remarcaron.
Asimismo, el SIFUP apuntó directamente a la responsabilidad de las autoridades del fútbol chileno, señalando que deben activarse los mecanismos formales de sanción.
“El directorio de la ANFP debe denunciar y los Tribunales funcionar con el objetivo de que los dirigentes negligentes sean sancionados por su mala gestión, generando un daño profundo a nuestra actividad”, expresaron.
Finalmente, el sindicato recordó que esta exigencia forma parte de compromisos previos asumidos por la actual dirigencia del fútbol chileno.
“Confiamos en que la mesa de Pablo Milad se cuadrará con esta solicitud, considerando que fue uno de los compromisos adquiridos en la mediación ante la Dirección del Trabajo en enero de este año”, cerraron.
La situación de San Antonio Unido vuelve así al centro del debate, con el foco puesto en la protección de los derechos laborales de los futbolistas y en el rol fiscalizador de las autoridades del balompié nacional.
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