Unión Española y Deportes Iquique tomaron una decisión clave respecto a su situación tras el descenso decretado al cierre de la temporada 2025: no judicializarán el conflicto contra la ANFP y buscarán resolver su futuro por la vía administrativa.
Luego de analizar los escenarios junto al abogado Cristóbal Osorio, ambas instituciones resolvieron no presentar acciones en tribunales ordinarios, pese a las interpretaciones jurídicas que cuestionaban la aplicación de las Bases del Campeonato frente a los estatutos de la ANFP.
Según trascendió, uno de los principales factores para desistir de la judicialización fue el eventual impacto que un nuevo conflicto legal podría generar en la relación del fútbol chileno con Turner Broadcasting System y TNT Sports, actuales dueños de los derechos de transmisión. Un enfrentamiento judicial podría poner en riesgo el contrato televisivo vigente, clave para el financiamiento de los clubes profesionales.
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En Quilín, el directorio encabezado por Pablo Milad ratificó el descenso de ambos equipos, respaldándose en un informe jurídico externo que confirmó la vigencia de las Bases del Campeonato 2025, aprobadas previamente por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto favorable de los clubes afectados.
Además, en la ANFP existía preocupación por eventuales sanciones mayores en caso de judicialización, incluso evaluándose medidas como la desafiliación, considerando el estricto marco normativo establecido en el reciente Cuaderno de Cargos del Licenciatario, documento elaborado junto a TNT Sports que endurece las exigencias económicas y operativas para los clubes.
Cabe recordar que en 2025 la ANFP y Turner pusieron fin a una extensa disputa judicial mediante un acuerdo que permitió saldar una millonaria deuda, comprometiendo a las partes a no interrumpir la actividad deportiva y a modificar formatos de competencia para fortalecer el producto televisivo.
De esta manera, Unión Española y Deportes Iquique buscarán mantenerse en la Liga de Primera exclusivamente por la vía administrativa, cerrando —al menos por ahora— la opción de acudir a tribunales para revertir su descenso.
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