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“Debemos llenar los vacíos que permitieron a Cobreloa y la ANFP mirar para el lado”: Comisión Investigadora de Agresiones Sexuales en el Deporte entrega sus conclusiones

Debemos llenar los vacíos que permitieron a Cobreloa y la ANFP mirar para el lado

Este martes entregó sus conclusiones la Comisión Especial Investigadora de Agresiones Sexuales en el Deporte, que surgió a raíz de la denuncia de violación grupal en la sede de Cobreloa -Casa Naranja- ocurrida en 2021, y otros casos de abusos en el mundo del deporte. Esto con el objeto de fiscalizar las infracciones al protocolo establecido en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional.

Entre las principales conclusiones de la Comisión Investigadora, que fueron aprobadas de forma unánime, están las deficiencias de los organismos responsables, como la falta de capacitación, especialización, prevención, fiscalización y sanciones, conflictos de interés, revictimización y la falta de independencia en los procesos de denuncia. Así, la comisión propuso legislar sobre el Decreto 22 para hacerse cargo de los vacíos existentes; la creación de una entidad independiente para manejar denuncias; capacitación para clubes e instituciones; solicitar al Presidente de la República la creación de un tribunal nacional de arbitraje deportivo para establecer un sistema disciplinario mucho más moderno; y reformar la Ley Orgánica del Congreso para obligar a la comparecencia de personas clave en estas investigaciones.

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La presidenta de la Comisión Investigadora, la diputada Marisela Santibáñez (IND), indicó que “nos dimos cuenta que el Decreto 22, que viene a proteger a los deportistas de alto rendimiento, a los atletas, todos, futbolistas, mujeres, hombres, todos los atletas de todas las ramas; tiene bastantes vacíos. También notamos todas las falencias y la poca celeridad que le da el Ministerio Público a este tipo de denuncias. Por otro lado, vamos a legislar respecto de las obligaciones que tienen las instituciones de venir a las comisiones de especial investigadora”.

“Y esto lo digo básicamente por la ANFP y especialmente por Pablo Milad, quien fuera invitado seis veces y que a las seis veces dijera que él tenía la libertad y la facultad de no venir porque era un privado. Cuando las entidades o las instituciones tienen competencias que van en desmedro de la seguridad de los jugadores, de las jugadoras, de los atletas, tenemos que ponerle el ‘cascabel al gato’. Estamos hablando de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que se forman en el deporte”, agregó.

“Debemos llenar los vacíos que permitieron a Cobreloa y la ANFP mirar para el lado”

Asimismo, el diputado Andrés Giordano (FA), también impulsor de la Comisión Investigadora, señaló que  “nos parece que el Decreto 22 tiene que ser ley, no puede ser simplemente un decreto, debemos legislar y llenar aquellos vacíos que hoy día han permitido que instituciones como Cobreloa y como la ANFP, hayan mirado para el lado cuando bajo su administración han ocurrido algunos de los hechos más crudos que conozca el deporte nacional en términos de agresiones sexuales”.

“Lamentamos que no asistieran a las sesiones los principales responsables de cautelar que estos hechos no ocurrieran: El club Cobreloa y la ANFP. Y por eso vamos a proponer a este Congreso modificar la ley orgánica constitucional de esta propia corporación, particularmente respecto a las comisiones especiales investigadoras, para que los privados tengan la obligación de comparecer cuando sean citados en procesos investigativos. Y no estamos inventando la rueda, es algo que ocurre en Estados Unidos, Perú, Francia y Alemania, y no entendemos por qué en Chile hemos limitado las facultades y las potestades de investigación y de fiscalización que tiene esta corporación, que son fundamentales para que este tipo de casos avancen”, agregó.

“Hemos puesto el acento también en los derechos de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en instituciones formativas como lo fueron en el caso del club Cobreloa, porque efectivamente lo que ocurrió en Casa Naranja hace años atrás fue en un espacio donde cohabitan menores de edad, niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y para eso se han establecido también una serie de recomendaciones institucionales que permitan establecer con claridad dónde están, cómo están y cuántos son esos niños, niñas y adolescentes que dependen de estas casas de formación deportiva”, finalizó.

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AUTOR ESPECIALIZADO

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