Ya no es novedad que el tema de la cuota de incorporación que se le exige a los clubes que ascienden de Segunda División a Primera B, se traduzca en un dolor de cabeza constante para las instituciones que suben y también para la ANFP que debe velar por el pago.
El presente semestre no escapó a la norma. La ANFP había decidido excluir a Barnechea – cuadro que ascendió pero que no pagó la cuota – del transición en la Primera B. Se pensaba que otra vez el torneo se jugaría con número impar, pero en las horas previas al inicio de la competencia, el presidente “huaicochero”, Armando Cabrera, recurrió al Tribunal de la Libre Competencia, entidad que determinó que los metropolitanos no podían quedar al margen del certamen, pese a que no habían cancelado lo exigido.
Así, Barnechea es hoy, un integrante más de la categoría de plata del fútbol criollo. Pero la disputa legal está lejos de terminar. Incluso la ANFP decidió congelar los recursos del CDF y el club no está recibiendo esos dineros. Además, el partido ante Santiago Morning, que iba para la televisión, finalmente no estuvo en la pantalla chica.
Hay más novedades. El Tribunal de la Libre Competencia, declaró como interpuesta la demanda del club deportivo Barnechea contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el consejo de presidentes, ambos representados por Arturo Salah. Así lo informó La Tercera.
Luego de conseguir la presencia de Barnechea en el campeonato de ascenso, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz demandaron al órgano superior del fútbol chileno acusando actos discriminatorios: “Sin el reparto de los excedentes del CDF, muchos clubes que compiten en la actualidad en los campeonatos de Primera y Primera B deberían entrar en un proceso de liquidación y desaparecer”, se apunta en el escrito.
“Aun cuando la actividad deportiva contiene particularidades como actividad económica, el derecho de la competencia es capaz de flexibilizarse y adecuar las características propias del deporte y sus objetivos legítimos, tutelando de todas formas la protección al bien jurídico de la libre competencia”, agrega.
En términos concretos, la medida judicial busca una multa por 111 millones de pesos, modificar los reglamentos de la ANFP y que estos se ajusten a los criteros que la Fiscalía Nacional Económica fija para las asociaciones gremiales, vale decir, transparencia, razonabilidad y objetividad, entre otras.
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