Diputado Giordano: “No sabemos si lo que ocurrió en Cobreloa es un pacto de silencio o impunidad”

El pasado martes se llevó a cabo en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, una sesión secreta para analizar el presunto delito de violación masiva que involucraría a cadetes de Cobreloa, hecho que habría acaecido el año 2021, probablemente en la “Casa Naranja“.

El caso ha generado revuelo e impacto. Tanto es así, que incluso se ha llegado a hablar de una eventual desafiliación de Cobreloa, institución que a juicio de algunos de los actores que han tomado nota y se han involucrado para esclarecer el hecho, habría ocultado información, incumpliendo así, un protocolo especialmente elaborado para la prevención y sanción de delitos en el deporte, con carácter sexual.

El tema escaló hasta la Cámara de Diputados, la que citó incluso al presidente de la ANFP, Pablo Milad y al timonel de Cobreloa, Marcelo Pérez para abordar la grave acusación. Uno de los legisladores más activos en este caso ha sido el diputado Andrés Giordano, quien está impulsando, junto a otros congresistas, una comisión investigadora.

En diálogo con PrimeraBChile, Giordano se refirió a la denuncia de violación masiva que pesa sobre cadetes de Cobreloa. El actuar del club, las eventuales sanciones y lo que se viene para llegar a puerto en el proceso investigativo, fueron algunos de los puntos tratados.

Diputado, ¿Cómo se enteraron de este caso?
“En la Comisión de Deportes y Recreación del 17 de octubre recibimos de forma telemática a la víctima, quien nos relató la horrible situación que vivió. Con el fin de evitar la revictimización, la sesión siguiente la realizamos de manera secreta, donde recibimos a las diferentes autoridades competentes, entre ellas Cobreloa, que entregó argumentos que más parecen haber buscado meter este caso debajo de la alfombra, que hacerse cargo de la gravedad de la denuncia”.

¿Los antecedentes que manejan, los llevan a pensar que efectivamente se cometió esta violación?
“Si bien es el Ministerio Público el encargado de investigar y el Tribunal el de determinar las responsabilidades y sancionar, estamos del lado de la víctima, le creemos y la seguiremos acompañando para que se encuentre a los involucrados, se investigue -que es algo mínimo, que no se ha hecho-, se sancione como corresponde y haya reparación para la víctima; el mundo del fútbol, que nos entrega tantas alegrías, no puede seguir empañándose relativizando la violencia de género”.

Diputado, decía que han querido esconder esto bajo la alfombra, ¿Quién? ¿La ANFP? ¿Cobreloa?
“He llegado al convencimiento, sesión secreta mediante, que no se tomaron medidas diligentemente por parte del club, que no se investigó -ni en la oportunidad correspondiente, ni hoy- y que por lo mismo, ni siquiera se han aportado antecedentes sobre los participantes de la fiesta donde ocurrió el delito, que es lo primero que debiera estar sobre la mesa si el caso se hubiese tomado en serio. Todos los antecedentes apuntan a que esta información se debió conocer oportunamente y simplemente no se actuó en demasiados niveles. Por el contrario, hay antecedentes dentro de la causa que apuntan a que se instruyó no hablar más del tema en Cobreloa”.

En un delito de esta naturaleza, si se comprueba, se supondría que las responsabilidades son individuales, ¿Corre algún riesgo Cobreloa como institución?
“Sí, de verificarse que los hechos corresponden a un delito, aquí estamos ante responsabilidades individuales -quienes cometieron el delito- y que, sabemos, serían integrantes de Cobreloa a la fecha de los hechos, el año 2021. Junto con esta responsabilidad personal, en el ámbito penal, hay también una responsabilidad institucional en la que podemos señalar a la organización deportiva de Cobreloa, y a su ente jerárquico, la ANFP. En específico, los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y la adopción del Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional; exigen la implementación de una serie de medidas que en este caso no se adoptaron, por ejemplo, la recepción de la denuncia, la información a las autoridades, las medidas cautelares a la víctima y la celeridad en la investigación”.

Da la impresión, no sé si lo percibe así, e incluso en las preguntas que planteamos, que es más relevante una eventual sanción a Cobreloa que la reparación del daño a la potencial víctima. Si es así, ¿Cree que nos dice algo de lo mal que podríamos estar como sociedad?
“Ambas cosas deben avanzar a la par, porque sancionar este tipo de delitos es dar justicia, lo que es parte de la reparación de la víctima. Sí la víctima ha sufrido ataques cibernéticos y ante eso, es importante que la hinchada de Cobreloa, que tiene el 99,9% del club en manos
de sus socios, también esté de parte de la víctima y apoyen que haya sanciones; tenemos que sacar a los agresores y violadores que ensucian el fútbol, no representan a un equipo tan importante como lo es Cobreloa”.

¿La ANFP ocultó información?
“Hay antecedentes contradictorios en los relatos de la denuncia y lo señalado por la propia ANFP, respecto de cuándo se tomó conocimiento de la denuncia. De hecho, la ANFP respondió a un oficio que le solicitamos desde la Comisión para que se adopten medidas en apoyo a la víctima, donde señaló que se enteraron recién el 18 de enero de este año, pero según se informó en comisión previamente, cuando recibimos la denuncia, el 23 de marzo de 2022 se habrían presentado antecedentes relativos al caso al Director de Desarrollo Técnico de la ANFP, Jorge Guerrero. No sabemos aún si lo que ocurrió en Cobreloa es un pacto de silencio o de impunidad, o a lo menos un pacto de omisión, porque no se siguió la legislación que mandata expresamente a que se sigan los protocolos establecidos en la ley contra el abuso sexual, que obliga, entre otras cosas, no sólo a tomar acciones de investigación y sanción, que acá no han ocurrido, sino también a denunciar ante el Ministerio Público. Y entendemos que la ANFP debe tener un rol proactivo, según sus propios estatutos, en velar que sus clubes asociados cumplan la ley”.

De comprobarse que Cobreloa no aplicó el protocolo para estos casos, ¿Corre riesgo de desafiliación?
“Las sanciones podrían ser múltiples y se establecerán conjuntamente por el tribunal de ética interno del club, respecto de sus jugadores y del responsable institucional de la política contra conductas vulneratorias. En cuanto a este tribunal de conducta, al menos por reglamento del club, debiese existir y actuar en estos casos. Si no lo hace, esto podría ser considerado como infracción grave a los estatutos. Asimismo, lo debiera hacer el Comité Nacional de Arbitraje, órgano competente por ley para la fiscalización de la ley N°21.197 y su respectivo protocolo. Por último, por el Ministerio Público, de verificarse otros eventuales delitos, como obstrucción a la justicia, lo que aún no ha sido explorado”.

¿Qué es lo que viene ahora?
“Entendemos que, en lo inmediato, actualmente hay un proceso administrativo instruido por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, habiendo sido nombrada una fiscal para la realización de diligencias investigativas y recopilación de antecedentes. En su caso, ella determinará una sanción al club por omisión e incumplimiento de sus deberes en relación al Protocolo, y adicionalmente, acompañará los resultados de su investigación al Ministerio Público.

Entonces, hay varias vías: una arista penal y una administrativa, es necesario la determinación de ambas instancias para la imputación del delito y su respectiva sanción. Fuera de estos procesos, también es importante revisar la implementación de la normativa en los clubes: se requiere verificar el grado de cumplimiento en torno a la adopción del Protocolo”.

Hemos visto otros tipos de situaciones que involucran a futbolistas, el caso de Jhordy Thompson por ejemplo, ¿La Comisión de Deportes de la Cámara podría intervenir? ¿De qué manera? ¿Hay algún protocolo por ejemplo, para casos de femicidio frustrado?
“Tenemos facultades fiscalizadoras restringidas, sólo respecto de los actos de Gobierno central, regional o comunal, y sus instituciones, pero no de entidades privadas; es por eso que los oficios en el caso de los cadetes de Cobreloa se han dirigido a los respectivo Ministerios involucrados (Deportes, Mujer y Equidad de Género y Justicia y Derechos Humanos) así también a la PDI, quienes fueron los primeros en recibir la denuncia. Es efectivo que también hemos oficiado a los órganos mandatados por ley para la fiscalización de la normativa contra conductas vulneratorias, como la ANFP y el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, pero no siendo instituciones públicas, ninguna de ellas está obligada a responder ante la Cámara.

Específicamente para casos de femicidio frustrado, más allá de los protocolos internos, se trata de un delito muy grave, cuya investigación corresponde al Ministerio Público y su condena, al Poder Judicial. Esto, sin perjuicio de las políticas gubernamentales de prevención contra la violencia de género, y de la responsabilidad conjunta de todos los actores estatales y privados involucrados. La ANFP, los clubes también tienen un rol que jugar acá.

Por ejemplo, el club tiene una responsabilidad clara de otorgar psicoeducación, de no avalar ni relativizar ese tipo de situaciones y de hacer cumplir el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, que fue también parte de nuestro objetivo al decidir oficiar al Comité para el Arbitraje Deportivo, para que establezca las responsabilidades que le competen a los directivos y a quienes debieron haber actuado para proteger a esta víctima y lamentablemente no lo hicieron.

Este es un protocolo que excede los límites propios de la actividad deportiva y que también aplica para otros casos, por ejemplo, como el de Jhordy Thompson, que si bien no afecta a una deportista, tiene relación directa con el club. Nos gustaría decir que es un hecho aislado, pero no lo es y hoy lo corroboramos con la denuncia al seleccionado nacional, Matías Fernández. Son conductas que no debiesen ocurrir, ni menos reiterarse, en ninguna institución de nuestro país, y mucho menos en las deportivas”.

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